Urbanismo y castigo

Los ciudadanos, en todas las Comunidades Autónomas, en casi todos los Municipios, en toda España, tienen problemas con el urbanismo.

Desde hace casi dos años, el COAATGR tiene un Foro abierto para consulta y debate sobre temas urbanísticos, en un intento de resolver dudas a los ciudadanos, que se enfrenta a actuaciones urbanísticas que requieren interpretación y, en la mayoría de los casos, autorizaciones administrativas, generalmente, municipales.

El Foro se puede considerar como exitoso. En él, a primeros del 2021 ya se habían planteado 472 consultas, y se han censado más de mil doscientas intervenciones.

La regulación del urbanismo

El urbanismo, su regulación, nos afecta de forma muy directa a casi todos. Alguien se quiere comprar un terreno en el campo para hacer destinarlo a huerto familiar y para eso hace una pequeña construcción, y surge el problema. Otro señor quiere instalar una pérgola en su terraza, y tiene un problema. Unos hermanos quieren hacer una división de la casa que heredaron de sus padres, para inscribir sus propiedades en el Registro de la Propiedad y se tropiezan con el funcionario de turno del Ayuntamiento. Una Junta de Compensación se paraliza y no ejecuta las obras, el Ayuntamiento no actúa, y el pequeño propietario que ni pincha ni corta se queda en terreno de nadie, con un drama personal inabordable.

Desde un ámbito tan cercano y constatable como las dudas más simples planteadas en el Foro, hasta la actividad profesional más experimentada, encuentra problemas con el urbanismo. Y desde los distintos ámbitos se constata que la regulación y la actividad urbanística, ejercida por la iniciativa privada, bajo el control de la Administración, no sirve en la mayoría de los casos para construir ciudades y territorios mejores, más habitables, más saludables.

El urbanismo es simplemente un castigo, como si de antemano se hubiera cometido un pecado y es necesario someter a diario a una penitencia al ciudadano.

Razones por las que el urbanismo es un castigo

El urbanismo es un castigo, desde mi punto de vista, por varias razones:

1. La Normativa que regula esta actividad es compleja y la Administración que debe aplicarla no hace el esfuerzo necesario para hacerla accesible al común de los mortales. No se tiene en cuenta que el urbanismo como técnica o ciencia no es física cuántica. Lo puede entender cualquier si se explica (por eso es importante el resumen ejecutivo que deben de contener los planes).
2. La falta de formación de los cuadros técnicos y jurídicos de la Administración en esta materia repercute en las grandes contradicciones que se perciben a la hora de aplicar e informar sobre las normas de aplicación. Actos reglados, como ocurren con la licencia urbanística, se convierten en actos discrecionales y hasta arbitrarios por discrepancias en la interpretación, muchas veces derivadas de la falta de formación del informante.
3. La inactividad ante los ilícitos por parte de la Administración, o la falta de explicación sobre su alcance y proporcionalidad cuando de actúa, es el campo abonado para la incertidumbre y la inseguridad jurídica. Se plantea una pregunta de forma reiterada: ¿por qué quieren demoler mi casa y la de mi vecino no cuando he hecho lo mismo él?
4. Por último, muchas veces en la Administración de olvida que todo ciudadano tiene derecho a “acceder a la información de que dispongan las Administraciones Públicas sobre la ordenación del territorio, la ordenación urbanística y su evaluación ambiental, así como obtener copia o certificación de las disposiciones o actos administrativos adoptados, en los términos dispuestos por su legislación reguladora”, a “ser informados por la Administración competente, de forma completa, por escrito y en plazo razonable, del régimen y las condiciones urbanísticas aplicables a una finca determinada, en los términos dispuestos por su legislación reguladora”, y a “ejercer la acción pública para hacer respetar las determinaciones de la ordenación territorial y urbanística”, entre otras cuestiones (artículo 8 del TRLSRU).

Los ciudadanos tienen derechos a ser atendidos e informados de forma veraz, documentada y asequible, por la Administración y sus servicios sobre estas cuestiones.

Los ciudadanos tienen derecho a que se intente resolver sus problemas y a no ser castigados con el urbanismo.