Los mecanismos de la comunicación previa y de la declaración responsable se introducen en nuestro derecho positivo a través de la Leyes estatales 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de distintas leyes para su adaptación a la anterior. Dichas Leyes trasponen la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (conocida como Directiva de Servicios), con la finalidad de fomentar el crecimiento económico y la supresión de barreras al comercio.
Se establece así la posibilidad de iniciar una actividad, actuación o uso mediante un acto de comunicación a la Administración por los interesados, que aportarán en ese acto la documentación acreditativa necesaria, dejando la actividad de control administrativo para un momento posterior.
COORDINACIÓN: Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía.
REDACCIÓN: Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo y Secretaria General de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio