La profesión defiende que los Graduados en Arquitectura Técnica puedan acceder al subgrupo 1 de la Función Pública
El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) celebra el reciente paso dado por el Senado al aprobar una moción que insta al Gobierno a actualizar el acceso de los y las profesionales de la Arquitectura Técnica y otras titulaciones de Grado al subgrupo A1 de la Administración Pública.
Esta decisión, adoptada por la Comisión de Función Pública del Senado, supone un avance en la lucha por la igualdad de trato y la actualización del sistema de clasificación profesional de los funcionarios públicos.
Para Alfredo Sanz, presidente del CGATE, “es el momento de poner fin a un sistema que arrastra normas del pasado y que no se ajusta a la realidad académica ni profesional actual. No pedimos privilegios, pedimos que se cumpla la ley y se reconozca el valor real de nuestras titulaciones”.
Desde hace años, el CGATE y otras organizaciones profesionales han reclamado que se adapte el acceso a los empleos públicos a la reforma universitaria que trajo consigo el Plan Bolonia. Con esta reforma, los títulos de Grado actuales, se equiparan al de los licenciados, arquitectos e ingenieros del anterior sistema universitario, desapareciendo la diferenciación de estos últimos con los diplomados, arquitectos técnicos e ingenieros técnicos. Sin embargo, la Administración sigue clasificando a muchos profesionales con título de Grado, como los Arquitectos Técnicos, en el grupo A2, como si sus estudios no fueran suficientes para asumir la responsabilidad exigida en el más alto nivel de la función pública.
“Un arquitecto o arquitecta técnico hoy tiene un Grado universitario, que da acceso a másteres y doctorados, y desarrolla funciones de gran responsabilidad en el ámbito de la edificación”, explica Sanz. “Y, sin embargo, se le cierra la puerta a muchos puestos públicos de mayor nivel, como si su título valiera menos que otros. Es una discriminación que no tiene justificación”.
El Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), en vigor desde 2007, establece que el acceso a los grupos A1 y A2 debe depender del tipo de funciones a desempeñar y del nivel de responsabilidad, no solo de la titulación. “Esto no se está cumpliendo”, denuncia el presidente del CGATE. “Se sigue aplicando una visión antigua, que impide a los graduados optar a plazas del subgrupo A1 incluso cuando están sobradamente capacitados”. Como regla general la titulación exigida para acceder tanto al Subgrupo A1 como al Subgrupo A2 de la función pública será la de Grado (art. 76 EBEP).
La situación se refleja, por ejemplo, en algunas/muchas ofertas de empleo público, donde los puestos para Arquitectos Técnicos aparecen sistemáticamente en el grupo A2, aunque las funciones asignadas requieran un alto nivel técnico, de responsabilidad y de especialización.
“El acceso a la función pública debe regirse por los principios de igualdad, mérito y capacidad. Precisamente por eso es necesario actualizar el sistema de clasificación profesional. No se trata de dar facilidades injustas, sino de corregir un agravio y adaptarse al marco educativo y legal actual”, añade Sanz.
Desde el CGATE se hace un llamamiento al Gobierno y al Parlamento para que aprovechen la actual tramitación del Proyecto de Ley de la Función Pública de la Administración del Estado para corregir esta incoherencia legal y dar una respuesta justa a miles de profesionales.
“El momento es ahora. Hay una oportunidad real de avanzar hacia una Administración moderna, justa y coherente con el sistema universitario que tenemos. Nosotros vamos a seguir trabajando y apoyando todas las iniciativas necesarias para conseguirlo”, concluye Alfredo Sanz.